El México fluctuante: sobre la apertura del sistema político mexicano

La Reforma Electoral de 1973 bien puede inscribirse en lo que Soledad Loaeza define como Reformismo Político[1]. Para dicha autora, este es un método político que, si bien puede remontarse a la praxis callista que dio como resultado la creación del PNR, pretende que la “participación de los opositores vía partidos, así como su representación en el órgano legislativo”, sea la “alternativa institucional a la violencia”[2]. Más aun, con esta Reforma, se buscó que todo fenómeno social y político extrainstitucional pudiera circunscribirse a un marco predecible a través de su institucionalización en el sistema político mexicano a partir de dos estrategias: 1) “encerrar los conflictos en el terreno ideológico”[3] y 2) “canalizar estos conflictos a través de los partidos”[4]. No obstante, a pesar de su relevancia, la relación entre gobierno y ciudadanía que dichos fenómenos implicaron cambió en la medida en que las demandas que resultaron de estos fueron gradualmente incorporadas en el marco constitucional mexicano, así como una lenta apertura del sistema político mexicano.

Conforme México se industrializaba, crecía -económica y demográficamente- y cambiaba en términos políticos, las preguntas sobre “dónde vivir (campo o ciudad), en qué trabajar (agricultura, industria o servicios), cuántos hijos tener y cómo organizarse para participar en política”[5] fueron cobrando mayor relevancia. De este modo, los fenómenos sociales, políticos y económicos que tuvieron más impacto sobre cómo cambió la relación entre gobierno y ciudadanía, que posteriormente fueron incluidas en el marco constitucional mexicano, son los que se refieren a los siguientes cambios demográficos, económicos y sociopolíticos del México de la segunda mitad del siglo XX.

En primer lugar, en cuanto a lo demográfico, las tasas de crecimiento poblacional[6] de 3.40% en la década de los sesenta y de 3.20% en la de los setenta, pusieron de manifiesto que México estaba cambiando. Esta modificación poblacional, que demandaba una redistritación urgente, fue incorporada en la Reforma a través del incremento en el número de habitantes que conformaban los distritos electorales, los cuales aumentaron en 16 unidades. Esto, pues, además de generar un incremento de asientos en el Congreso dando un total de 194 distritos, impactó en la relación entre ciudadanía y gobierno a través de los mecanismos de representación que estos nuevos asientos demandaban.

En segundo lugar, el crecimiento económico, que durante los 20 años que transcurrieron de 1961 a 1981 fue de 6.4%[7], provocó un inexorable crecimiento de la clase media. El proceso de urbanización, el crecimiento de las ciudades y la concentración de la población en estas modificó la estructura económica de manera irreversible hacia una mayor industrialización: mientras las economías manufacturera y agropecuaria decrecían o se estancaban, la relativa a los servicios crecía de forma significativa, lo cual expone que la relación entre gobierno y ciudadanía haya cambiado en la medida en que la clase media demandó el poder político que iba con su dinero a través de protestas y movimientos sociales[8].

En tercer lugar, en cuanto a lo sociopolítico, el desarrollo de la infraestructura vía construcción de universidades públicas -así como el incremento en su presupuesto[9]- y centros culturales y de investigación, a la par de la difusión de los medios de comunicación masiva (radio y televisión), modificaron la relación entre gobernantes y gobernados. De hecho, dicha modificación se hizo patente en la Reforma de 1973, pues se les otorgó a los partidos políticos mayores facilidades a través de la difusión de su base ideológica en los medios de comunicación. Por su parte, los estudiantes, que además de sustituir al campesinado en tanto grupo político fundamental[10] incrementaron la matrícula del sistema educativo nacional, demandaron mayor apertura y representatividad del sistema político mexicano. Las demandas de apertura fueron cristalizadas en la Reforma Electoral de 1973 a partir de la reducción de la edad que permitía la elegibilidad para una diputación y una senaduría a 21 y 30 años, respectivamente, y de la definición del votante mexicano como aquel que cuente con, por lo menos, 18 años. Las demandas de representatividad se hicieron evidentes en “la disminución del porcentaje de votación, de 2.5 a 1.5, necesario para que los partidos políticos conservaran el registro y obtuvieran diputaciones de partido, mismas que con esa modificación aumentaron a 25”[11].

La Reforma Electoral de 1973, más allá de haber sido pensada como un principio normativo que modificaría las reglas del juego político mexicano, fue una reforma “legal, limitada y contenida por los propios límites del sistema político vigente”[12]. Es decir, no sería extraño afirmar que, en lo referente a la Reforma Electoral de 1973, esta se pensó como un mecanismo de canalización del conflicto, pues el mismo Jesús Reyes Heroles, presidente del CEN del PRI en 1972, afirmó que, frente a una vida política más agitada, violenta e incierta, se buscaba

“[…] realizar cambios planeados, dispuestos y no impuestos por la necesidad, ordenados y compensados, no arbitrarios y desmedidos; queremos, dentro del derecho y por la vía institucional, construir una sociedad regida por normas y ordenada en instituciones.”[13]

En suma, la expansión demográfica, el crecimiento económico inusitado, la politización e incremento en número e importancia del grupo estudiantil, así como la implementación, en el terreno político, de medios de comunicación masiva para la difusión de las plataformas políticas de los diferentes partidos en México, fueron los fenómenos que más impactaron en la relación entre ciudadanía y gobierno mexicanos. No obstante, aunque se crearon más distritos electorales -lo cual implicó más carteras en el Congreso-, resulta complicado aseverar que las modificaciones constitucionales obedecieron a convicciones democráticas sustantivas por parte de la élite gobernante. A lo más, pues, puede decirse que dichos fenómenos modificaron la relación entre gobierno y ciudadanía en la medida en que las demandas que surgieron como resultado de ellos fueron gradualmente incorporadas al marco constitucional mexicano, las cuales dieron señales de mayor apertura del sistema político mexicano.

Bibliografía:

Cámara de Diputados. H. Congreso de la Unión. Nuestro siglo: los años de apertura democrática. Ciudad de México, México. Recuperado de http://www.diputados.gob.mx/museo/s_nues10.htm

Hobsbawm, E. (2000). Historia del siglo XX, 1914–1991. Barcelona, España: Editorial Crítica.

Krauze, E. (1997). La Presidencia Imperial. México, D.F.: Tusquets Editores.

Kuri, A., Mello, R., García, E., Nalda, E., Gonzalbo, P., Martínez, B., . . . Meyer, L. (2010). El Fracaso del Éxito, 1970–1990. In Historia general de México ilustrada: Volumen II (pp. 386–447). México: El Colegio de Mexico. doi:10.2307/j.ctv47wf77.9

Loaeza, S., Peña, L., Morán, D., Migallón, F., Pedrero, E., Meyer, E., . . . Salgado, A. (2011). La Tradición del Reformismo Político en México y Jesús Reyes Heroles. In Homenaje a Jesús Reyes Heroles (pp. 261–280). México, D.F.: El Colegio de Mexico. doi:10.2307/j.ctvhn09cz.11

Peschard, J. (1998). Ciudadanización y Participación Política en México. In Migallón F. (Ed.), Homenaje a Rafael Segovia (pp. 275–292). México, D.F.: El Colegio de Mexico. doi:10.2307/j.ctv3f8pnn.15

Segovia, R. (1974). La reforma política: El Ejecutivo Federal, el PRI y las elecciones de 1973. Foro Internacional, 14(3 (55)), 305–330. Retrieved November 17, 2020, from http://www.jstor.org/stable/27754098

[1] Loaeza, S., Peña, L., Morán, D., Migallón, F., Pedrero, E., Meyer, E., . . . Salgado, A. (2011). La Tradición del Reformismo Político en México y Jesús Reyes Heroles. In Homenaje a Jesús Reyes Heroles (pp. 261–280). México, D.F.: El Colegio de Mexico. doi:10.2307/j.ctvhn09cz.11

[2] Ibid.

[3] Segovia, R. (1974). La reforma política: El Ejecutivo Federal, el PRI y las elecciones de 1973. Foro Internacional, 14(3 (55)), 305–330. Retrieved November 17, 2020, from http://www.jstor.org/stable/27754098

[4] Ibid.

[5] Kuri, A., Mello, R., García, E., Nalda, E., Gonzalbo, P., Martínez, B., . . . Meyer, L. (2010). El Fracaso del Éxito, 1970–1990. In Historia general de México ilustrada: Volumen II (pp. 386–447). México: El Colegio de Mexico. doi:10.2307/j.ctv47wf77.9

[6] Ibid.

[7] Ibid.

[8] Peschard, J. (1998). Ciudadanización y Participación Política en México. In Migallón F. (Ed.), Homenaje a Rafael Segovia (pp. 275–292). México, D.F.: El Colegio de Mexico. doi:10.2307/j.ctv3f8pnn.15

[9] Krauze, E. (1997). La Presidencia Imperial. México, D.F.: Tusquets Editores. Según Krauze, el presupuesto de la UNAM aumentó 1688% entre 1968 y 1978.

[10] Hobsbawm, E. (2000). Historia del siglo XX, 1914–1991. Barcelona, España: Editorial Crítica.

[11] Cámara de Diputados. H. Congreso de la Unión. Nuestro siglo: los años de apertura democrática. Ciudad de México, México. Recuperado de http://www.diputados.gob.mx/museo/s_nues10.htm

[12] Segovia, R. (1974). La reforma política: El Ejecutivo Federal, el PRI y las elecciones de 1973. Foro Internacional, 14(3 (55)), 305–330. Retrieved November 17, 2020, from http://www.jstor.org/stable/27754098

[13] Monterrey, 29 de diciembre de 1972.